La medida ya comenzó a aplicarse tras la reglamentación de la Ley 3531. Los controles alcanzan a funcionarios de alto rango de los tres poderes del Estado y se realizan mediante sorteos aleatorios, con carácter obligatorio y plazos estrictos para su cumplimiento.
La iniciativa fue oficializada a través del Decreto 234/2026, que reglamenta la norma aprobada por la Legislatura provincial y establece los procedimientos para la realización de los exámenes toxicológicos.
Según lo dispuesto, los controles serán sorpresivos y abarcarán a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el marco de una política de fortalecimiento de la transparencia y la integridad en la función pública.
La selección de los funcionarios se realizará mediante mecanismos de sorteo periódico, lo que garantiza la aleatoriedad del proceso y evita cualquier tipo de previsibilidad en las evaluaciones.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la norma busca asegurar el cumplimiento de estándares de idoneidad en el ejercicio de la función pública, bajo criterios de control interno y transparencia institucional.
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