Organizaciones vinculadas a la Iglesia católica advirtieron que la iniciativa impulsada por el gobierno podría afectar la soberanía sobre los recursos naturales, el acceso a la tierra y los derechos de las comunidades locales.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que expresaron su rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y solicitaron al Congreso que no avance con su aprobación.

Las organizaciones sostuvieron que la propuesta podría debilitar herramientas estatales de regulación territorial y comprometer la soberanía sobre recursos estratégicos. En ese sentido, manifestaron preocupación por la posibilidad de flexibilizar restricciones para la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros y por eventuales cambios en la protección de áreas vinculadas a recursos naturales.

Entre los cuestionamientos también señalaron que la iniciativa podría reducir la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio, desarrollar obras públicas y garantizar la protección de sectores vulnerables frente a intereses económicos particulares.

Las entidades remarcaron además que la tierra no puede ser considerada únicamente como un bien comercial, ya que para numerosas comunidades rurales, campesinas e indígenas representa un elemento central de su identidad cultural, su historia y sus posibilidades de desarrollo futuro.

Otro de los puntos destacados en el documento fue la situación habitacional. Los firmantes reclamaron políticas que favorezcan el acceso a una vivienda digna y promovieron la necesidad de establecer marcos regulatorios equilibrados para propietarios e inquilinos, contemplando el interés social por encima de criterios exclusivamente económicos.

Finalmente, las organizaciones instaron a los legisladores a orientar el debate parlamentario hacia la defensa del bien común y de las futuras generaciones. En esa línea, reclamaron que las decisiones políticas prioricen la protección de los recursos, la inclusión social y el desarrollo sustentable por sobre intereses particulares.