Desde el Ejecutivo provincial indicaron que los casos relevados corresponden a situaciones de ausentismo injustificado, falta de prestación de servicios y otras irregularidades administrativas que, tras los sumarios correspondientes, derivaron en la cesantía de los agentes. Según remarcan, no se trató de decisiones arbitrarias, sino de procesos con instancias formales de evaluación y derecho a defensa.

La administración de Figueroa viene impulsando una agenda centrada en la eficiencia del gasto público y la profesionalización del empleo estatal. En ese contexto, el control sobre el cumplimiento laboral aparece como uno de los ejes clave, especialmente en un escenario económico donde los recursos son limitados y la demanda social crece.

Fuentes oficiales sostienen que estas medidas buscan “terminar con prácticas arraigadas” dentro de la administración pública, donde durante años persistieron situaciones de empleados que cobraban sin cumplir funciones. La decisión, aseguran, apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Al mismo tiempo, desde el gobierno provincial enfatizan que el objetivo no es reducir el empleo público de manera indiscriminada, sino mejorar su calidad. En esa línea, destacan que el proceso de revisión continuará y que se profundizarán los mecanismos de control para detectar posibles irregularidades.

La medida genera distintas reacciones en el ámbito político y sindical, donde algunos sectores respaldan la iniciativa como una señal de transparencia, mientras que otros advierten sobre la necesidad de garantizar que los procesos se desarrollen con criterios claros y sin vulnerar derechos laborales.

Así, la gestión provincial busca consolidar un modelo de administración más exigente en términos de cumplimiento, en el que la permanencia en el Estado esté directamente vinculada al desempeño efectivo de las funciones.