En el marco de la política de transparencia, el gobierno neuquino despidió a una enfermera, una mucama y un portero que faltaron sin aviso. La Provincia abrirá una investigación judicial para constatar si cobraron sueldos que no les correspondían y exigir que devuelvan la plata.
Se trata de una enfermera, una mucama y un portero que, según se informó oficialmente, registraron reiteradas inasistencias sin justificación ni aviso previo. La decisión se enmarca en una serie de auditorías internas que buscan garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la responsabilidad de quienes forman parte de la administración provincial.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas medidas apuntan a fortalecer la transparencia y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En esa línea, no solo se avanzó con las cesantías, sino que además se abrirá una investigación judicial para determinar si los trabajadores percibieron salarios sin haber cumplido con sus funciones.
En caso de comprobarse el cobro indebido de haberes, la Provincia impulsará acciones para exigir la devolución de los fondos, en un intento por resguardar los recursos públicos. “No hay margen para quienes no cumplen con su trabajo”, remarcan desde el entorno del gobernador, dejando en claro el rumbo de la gestión.
La denominada “purga estatal” forma parte de un proceso más amplio de revisión de la planta pública, que busca detectar irregularidades, optimizar recursos y garantizar que cada puesto esté ocupado por trabajadores que efectivamente presten servicio.
Con estas decisiones, el gobierno neuquino refuerza su política de disciplina administrativa y envía una señal hacia el interior del Estado: el cumplimiento laboral ya no es una opción, sino una condición indispensable para sostener el empleo público.
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