Un relevamiento advirtió sobre vacancias institucionales, desigualdades presupuestarias y la falta de designación del Defensor del Pueblo de la Nación desde hace 17 años.

Más de 12 millones de argentinos viven en jurisdicciones donde no existe una Defensoría del Pueblo o donde no hay recursos identificables destinados a esa función, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo. El estudio también destacó que el Congreso no designa al Defensor del Pueblo de la Nación desde hace 17 años.

El relevamiento, que abarcó las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, señaló que Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa no cuentan con la figura institucional de defensor del pueblo, mientras que la situación de Tierra del Fuego presenta incertidumbres respecto de su vigencia.

Además, el informe advirtió sobre fuertes asimetrías en el financiamiento de estos organismos. Según los datos relevados, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe concentran cerca del 91% de los recursos destinados a defensorías del pueblo en el ámbito subnacional.

La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, sostuvo que la disponibilidad de recursos resulta clave para garantizar la protección efectiva de los derechos ciudadanos. En ese sentido, señaló que la Defensoría del Pueblo de la Nación presenta uno de los niveles de inversión por habitante más bajos del país.

El trabajo también remarcó la importancia institucional de las defensorías como organismos encargados de recibir reclamos ciudadanos, promover derechos, supervisar el accionar de la administración pública y representar intereses colectivos en distintas áreas vinculadas a servicios, consumo, vivienda, derechos humanos y acceso a prestaciones básicas.

Los autores del informe alertaron que las vacancias institucionales y las diferencias presupuestarias generan desigualdades en el acceso a mecanismos de control y protección de derechos, lo que impacta directamente en millones de ciudadanos que carecen de estas herramientas de representación y asistencia.