La iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos y propone derogar más de 70 normas consideradas obsoletas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto conocido como Ley Hojarasca, una iniciativa promovida por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger y que busca eliminar decenas de leyes consideradas obsoletas o innecesarias.

El proyecto recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, por lo que fue girado al Senado para su tratamiento definitivo. La sesión continuará con el debate sobre la redefinición del régimen de subsidios al gas por “zona fría” y otros proyectos vinculados a convenios internacionales y reconocimientos a veteranos de Malvinas.

Durante el debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa y cuestionó lo que definió como una “acumulación ilimitada” de regulaciones por parte de la política tradicional. Según sostuvo, la propuesta apunta a reducir trabas burocráticas y recuperar un paradigma centrado en las libertades individuales.

En la misma línea, Nicolás Mayoraz explicó que la ley contempla la derogación de normas superadas por avances tecnológicos, organismos que ya no existen o leyes declarativas que, según argumentó, carecen de aplicación concreta. Entre los ejemplos mencionó regulaciones vinculadas a la microfilmación, la ley de azotes y normas sobre laboratorios públicos.

Desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos. El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta afirmó que la iniciativa busca “seguir destruyendo al Estado”, mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, criticó el alcance del proyecto y puso en duda que gran parte de los legisladores conocieran en detalle el contenido de la norma.

También hubo acompañamiento parcial desde sectores aliados. El diputado Eduardo Falcone, del MID, respaldó la filosofía de desregulación del proyecto, aunque cuestionó que el oficialismo destine recursos a este tipo de iniciativas mientras persisten demoras en proyectos vinculados al RIGI y a obras de infraestructura anunciadas por el gobierno.