El proyecto impulsado por el gobierno propone habilitar internaciones no voluntarias y reconocer las adicciones como parte de la salud mental.

El Senado comenzará a debatir este miércoles una reforma a la ley de Salud Mental que introduce modificaciones en los criterios de internación y en el abordaje de las adicciones.

La iniciativa, promovida por el gobierno, será tratada en un plenario de comisiones y plantea permitir internaciones no voluntarias en casos de riesgo grave para la persona o terceros.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de las adicciones como parte de las políticas de salud mental, con un enfoque que contemple las particularidades de cada paciente.

En relación a las internaciones, se reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave”, lo que flexibiliza las condiciones para disponer tratamientos sin consentimiento.

El texto mantiene que la internación debe ser un recurso excepcional, aunque establece que deberá notificarse a la justicia dentro de las 24 horas y remitir la documentación correspondiente en un plazo de 48 horas.

La propuesta genera posiciones encontradas: mientras familiares de personas con consumos problemáticos respaldan los cambios, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por el posible impacto en las garantías individuales.