La Cámara de Diputados provincial aprobó en mayo el cierre de las actuaciones administrativas vinculadas con la causa y no entregará a la Fiscalía la documentación sobre las designaciones de los empleados investigados.

La Cámara de Diputados bonaerense archivó los expedientes administrativos vinculados con el caso de Julio Chocolate Rigau, una decisión que impide, por el momento, entregar a la Fiscalía documentación que podría permitir identificar quiénes impulsaron las designaciones de los empleados cuyas tarjetas eran utilizadas para retirar sus salarios. La medida había sido aprobada en mayo y trascendió públicamente esta semana.

La fiscal Betina Lacki había solicitado esa documentación en abril de 2025. Tras sucesivas demoras, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio ordenó la presentación de los documentos, una medida previa a un eventual allanamiento. Sin embargo, la Legislatura respondió que no entregaría los papeles porque habían sido incorporados a un proyecto de resolución general que posteriormente fue archivado.

El archivo se concretó durante la primera sesión ordinaria del año, en un tratamiento sobre tablas que incluyó cerca de 8.000 resoluciones administrativas. Entre ellas quedaron comprendidos los expedientes relacionados con los pedidos de la fiscalía. Según los registros difundidos, la votación se desarrolló sin debate y en menos de un minuto.

La investigación se inició en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en La Plata mientras retiraba dinero con decenas de tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados. Con el avance de la causa también quedaron bajo investigación Claudio Albini, exfuncionario del área de Personal de la Legislatura, y su hijo Facundo Albini.

Uno de los objetivos de la fiscalía era determinar quiénes habían impulsado las contrataciones de las personas cuyas tarjetas utilizaba Rigau. La documentación solicitada incluía los memos de designación de los empleados y podía aportar elementos para reconstruir la estructura de contrataciones bajo investigación.

Con el archivo de las actuaciones administrativas, la Legislatura sostiene que esos documentos no serán remitidos a la Justicia. La decisión agrega un nuevo obstáculo a una investigación que busca establecer el circuito de designaciones y el destino de los fondos retirados mediante las tarjetas.