El jefe de Gobierno porteño cuestionó la resolución de la magistrada Laura De Marinis, que declaró inconstitucional el nuevo régimen y sobreseyó a un menor de 14 años acusado de robo en grado de tentativa.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado de un robo en grado de tentativa. El mandatario anunció que solicitará el juicio político de la magistrada y anticipó que la Ciudad también apelará la resolución.

Macri sostuvo que la decisión judicial genera una situación de indefensión para la sociedad y criticó el criterio adoptado por la jueza. Según planteó, el régimen contempla distintas herramientas para intervenir ante casos que involucren a menores, entre ellas medidas de cuidado, tratamiento y tareas comunitarias, sin que necesariamente impliquen una privación de la libertad.

El jefe de Gobierno también cuestionó los fundamentos de la resolución vinculados con la situación de vulnerabilidad del menor. Afirmó que, si existen problemas de consumo o circunstancias que puedan favorecer la reiteración de conductas delictivas, deberían adoptarse medidas destinadas a proteger al adolescente y evitar nuevos episodios.

En sus declaraciones, Macri sostuvo que la resolución deja de lado a las posibles víctimas y consideró que los jueces deben aplicar las normas vigentes en lugar de reinterpretarlas. En ese sentido, planteó que las modificaciones de las leyes corresponden al Congreso y no al Poder Judicial.

El mandatario porteño confirmó que instruyó al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, para avanzar con el pedido de juicio político contra la magistrada. También señaló que la administración porteña recurrirá el fallo ante las instancias correspondientes.

El caso abrió además una discusión política sobre la aplicación del Régimen Penal Juvenil y el alcance de las facultades judiciales frente a delitos cometidos por menores. Macri sostuvo que la controversia deberá resolverse dentro de los mecanismos institucionales previstos y que la apelación permitirá que otras instancias revisen los fundamentos de la decisión.