Transclor integra uno de los dos consorcios que compiten por el 90% de las acciones estatales de AySA y mantiene desde hace años una relación comercial con la empresa.

Mauricio Filiberti quedó involucrado en dos aspectos del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): su empresa Transclor es proveedora de la compañía estatal y, al mismo tiempo, forma parte de uno de los consorcios que presentaron una oferta para adquirir el 90% de las acciones en manos del Estado.

Transclor integra la propuesta encabezada por Rowing S.A., junto con la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el vehículo de inversión PHX, radicado en Países Bajos. El grupo compite con el consorcio liderado por Roggio ROAS S.A.U., vinculado al Grupo Roggio, por el control de la empresa.

La relación comercial de Transclor con AySA se remonta a varios años e incluye el suministro de productos químicos utilizados en los procesos de potabilización, entre ellos insumos derivados de cloro-soda y policloruro de aluminio. En caso de que el consorcio resulte adjudicatario, uno de los aspectos a definir será el tratamiento de las compras y contrataciones con empresas vinculadas al futuro operador.

En paralelo con el proceso de privatización, Transclor modificó su objeto social para incorporar la posibilidad de realizar inversiones y participar en empresas prestadoras de servicios públicos. El cambio amplió formalmente las actividades que puede desarrollar la compañía.

Filiberti también tiene participación en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus principales clientes industriales debido al consumo energético de las plantas de potabilización, estaciones de bombeo y establecimientos destinados al tratamiento de efluentes. De esta manera, sus actividades empresariales mantienen distintos vínculos con el sector de servicios públicos.

El futuro operador de AySA deberá realizar inversiones superiores a US$2.000 millones entre 2027 y 2031 y cumplir objetivos de expansión de las redes de agua y cloacas. La empresa presta servicios a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, por lo que una eventual participación de un proveedor en el grupo controlador pondrá bajo atención las reglas de contratación, los mecanismos de competencia, las auditorías y la supervisión del Ente Regulador de Agua y Saneamiento.