La presentación penal alcanza a empresas vinculadas con la exploración de hidrocarburos en el archipiélago. Además, el presidente instruyó a Economía para incluir como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.
El gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el Ejecutivo, algunas de estas compañías cuentan con licencias otorgadas por Reino Unido para operar en la Cuenca Malvinas Norte.
La administración nacional sostiene que esas actividades vulneran las disposiciones de la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas que desarrollen actividades vinculadas con hidrocarburos en áreas sujetas a la disputa de soberanía. La presentación también incluye a directivos y representantes que pudieran haber intervenido en las operaciones investigadas.
En paralelo, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en la elaboración del proyecto de Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre. Según el Ejecutivo, las medidas buscan fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, proteger los recursos naturales y resguardar los intereses estratégicos del país.
Desde el gobierno señalaron que ambas iniciativas forman parte de una política destinada a reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Además, anticiparon que continuarán las investigaciones y las acciones judiciales frente a actividades que consideren contrarias a los derechos soberanos de Argentina.
