El régimen ofrece fuertes reducciones en cargas sociales para nuevas contrataciones durante un plazo de hasta cuatro años.

El gobierno de Argentina oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los ejes de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida fue establecida a través del Decreto 315/2026 y apunta a promover el empleo registrado mediante una significativa reducción de costos para los empleadores.

El esquema establece beneficios por un período de hasta 48 meses por cada trabajador incorporado, con una fuerte baja en las contribuciones patronales. En concreto, las cargas sociales pueden reducirse desde niveles de entre el 18% y el 20% a apenas un 3%, lo que representa un incentivo directo para la contratación.

El régimen se aplicará a relaciones laborales iniciadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, y está destinado a empresas privadas que podrán incluir hasta el 80% de su plantilla dentro del programa. En cuanto a los trabajadores, está orientado a personas sin empleo formal previo, desempleados recientes, ex monotributistas o provenientes del sector público.

Entre los objetivos oficiales se destacan la reducción de la informalidad, la generación de nuevos puestos de trabajo y el alivio de la carga impositiva sobre el sector privado. Además, el beneficio solo alcanza a nuevas contrataciones y no se extiende a empleados ya registrados.

Desde el punto de vista empresarial, el impacto económico es considerable, ya que reduce de forma significativa el costo total de cada incorporación. Sin embargo, el esquema plantea interrogantes sobre su efecto a largo plazo en el financiamiento del sistema previsional.

Uno de los principales riesgos señalados es la posible “rotación incentivada”, es decir, que algunas empresas despidan empleados actuales para reemplazarlos por nuevos trabajadores bajo este régimen más económico, lo que podría distorsionar el mercado laboral.