Un representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura solicitó incorporar consultores técnicos para analizar las correcciones de los exámenes correspondientes al proceso de selección.

El gobierno pidió revisar el concurso destinado a cubrir tres vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal mediante la incorporación de consultores técnicos que analicen las correcciones de los exámenes. La solicitud fue presentada por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola, junto con la consejera Alejandra Provítola.

El planteo se refiere al Concurso N° 475, que definirá la cobertura de tres vocalías del máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema. La revisión fue solicitada tras las impugnaciones presentadas por algunos postulantes respecto de las calificaciones obtenidas en la prueba de oposición.

Entre los candidatos mejor ubicados en el orden de mérito provisorio figuran María Gabriela López Iñiguez, José Antonio Michilini y el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella. También solicitaron la revisión de sus exámenes la camarista Mariana Inés Catalano, el juez federal Luciano Homero Lauría y Mariano Cartolano, actual director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción.

El pedido se apoya en el artículo 39 del Reglamento de Concursos, que habilita a la subcomisión o a los consejeros de la Comisión de Selección a requerir la intervención de cuatro consultores técnicos, elegidos por sorteo, para emitir un dictamen sobre las correcciones cuando existan observaciones sobre las calificaciones.

La opinión de esos especialistas no será vinculante, ya que la decisión final sobre las calificaciones y el desarrollo del concurso continuará en manos de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Según trascendió, la iniciativa aún no reúne consenso suficiente dentro del organismo para avanzar.