Un informe calificó la política como “fallida” y advirtió que genera incentivos distorsivos sin mejoras productivas significativas.
El Banco Mundial criticó el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y lo definió como una “política industrial fallida”, al señalar que implica un costo fiscal estimado en más de 1.000 millones de dólares anuales.
El planteo forma parte de un informe sobre América Latina y el Caribe, en el que el organismo también proyectó un crecimiento económico para Argentina en los próximos años, aunque advirtió sobre debilidades estructurales en algunas políticas.
Según el análisis, el esquema fueguino presenta problemas de diseño que se han sostenido durante décadas, con incentivos que no logran promover mejoras en productividad ni desarrollo tecnológico.
El informe sostiene que la falta de límites claros o plazos para reducir la asistencia estatal genera “incentivos perversos”, lo que termina desvirtuando los objetivos originales de la política industrial.
Entre las principales críticas, se destacan las exenciones arancelarias y los beneficios fiscales vinculados al IVA, que permiten a las empresas operar con ventajas artificiales frente a otros productores del país.
Como resultado, el organismo advirtió que el régimen fomenta una dependencia del apoyo estatal y no logra consolidar una actividad autosustentable, lo que incrementa los costos económicos a largo plazo.




