Ante la decisión de frenar el fútbol argentino tras la citación judicial a sus autoridades, el gobierno evitó pronunciarse y sostuvo que se trata de un asunto interno de la entidad.

En la Casa Rosada optaron por no involucrarse en el conflicto abierto entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Justicia, luego de que la entidad resolviera suspender la actividad oficial como respuesta a la citación a indagatoria de sus autoridades en una causa por presuntas irregularidades fiscales. “No tenemos por qué opinar, es un tema de ellos”, señalaron desde el entorno oficial.

Si bien en otras oportunidades el gobierno fue crítico del funcionamiento institucional del fútbol argentino y de su esquema de asociaciones civiles, esta vez eligió correrse del debate y dejar que el proceso avance en el ámbito judicial. En el oficialismo remarcan que corresponde a los tribunales actuar con independencia y a la dirigencia deportiva dar las explicaciones del caso.

La conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, sostuvo públicamente que no existe deuda exigible vinculada a las obligaciones señaladas en la denuncia y aseguró que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, la entidad informó que esa postura ya fue presentada ante el tribunal interviniente y que el expediente se encuentra pendiente de resolución en la instancia de apelación. También cuestionó el accionar del organismo recaudador, al considerar que intenta encuadrar obligaciones no vencidas como base de un supuesto delito penal tributario.

En paralelo, durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la novena fecha del torneo, prevista para los primeros días de marzo, profundizando así el impacto institucional y deportivo de la disputa.