María Josefina Rouillet dirige la entidad que recibió una adjudicación millonaria de Cancillería y figura como autora de la única propuesta presentada.

La reciente adjudicación de un contrato por más de $114 millones para capacitar en inglés al personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación puso bajo la lupa a María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa y esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Rouillet es economista, cuenta con un MBA y una certificación ejecutiva en directorios, y ocupa el cargo en la asociación desde al menos 2020. En el expediente administrativo consta que fue ella quien preparó la propuesta presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y que la institución que conduce fue la única oferente en el proceso.

La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y activó los mecanismos de integridad previstos para casos con vínculos familiares. Intervinieron los organismos de control del Estado y se firmó un Pacto de Integridad como requisito adicional de transparencia, según la documentación oficial.

El servicio contratado forma parte del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027 y prevé cursos regulares y talleres específicos para 132 agentes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación durante 2026. Las clases serán presenciales, con encuentros semanales y provisión de materiales académicos.

El contrato establece un esquema de pagos escalonado, con la posibilidad de un anticipo de hasta el 40% y desembolsos posteriores sujetos a la verificación de resultados y cumplimiento de objetivos. Desde la administración se argumentó que la asociación garantizaba la continuidad del programa formativo.

La trayectoria de Rouillet en el sector público y cultural incluye funciones previas en organismos vinculados a políticas culturales y de mecenazgo, así como cargos en instituciones artísticas. La actual adjudicación reavivó el debate sobre conflictos de interés y criterios de selección en contrataciones del gobierno, en un contexto de fuerte exposición política del ministro.