El Gobierno Nacional convocó este lunes a una nueva reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, con el objetivo de avanzar en el debate de los puntos 7 y 10 del Pacto de Mayo, referidos al aprovechamiento de los recursos naturales y la apertura al comercio internacional.

El encuentro, realizado en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Levigne, y de la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, explicó que se discutieron reformas vinculadas al Código de Minería, la Ley de Bosques y el Código Aduanero, y destacó la importancia de mejorar la competitividad del país. “También hablamos de la apertura al comercio exterior y de qué depende de la legislación o de nuestras propias normas”, señaló desde la Casa Rosada.

Bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participaron el ministro Federico Sturzenegger, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez y el empresario Martín Rappallini, entre otros.

Cornejo sostuvo que la Argentina necesita “crecer para salir del profundo deterioro social y económico”, y aclaró que “ese deterioro no tiene origen en el gobierno de Milei”. “La Argentina no crea empleo privado desde hace más de una década y media. Si eso no es languidecer económicamente…”, apuntó.

El mandatario mendocino remarcó que el país enfrenta “problemas de competitividad y productividad” y respaldó las reformas estructurales impulsadas por el Consejo de Mayo para fomentar inversiones, empleo y exportaciones.

Finalmente, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Cornejo pronosticó un triunfo de su espacio aliado a La Libertad Avanza y pidió “ampliar la base de sustentación del Gobierno” para lograr las reformas.

Desde su creación en junio, el Consejo de Mayo ya debatió temas como la educación moderna, la reforma tributaria y la laboral, esta última orientada —según el secretario de Trabajo, Julio Cordero— a “consolidar los derechos reales de los trabajadores”.